Ayuntamiento de Viana

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de la ONU declaró el 25 de noviembre corno el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una fecha que debe servir, no solo para la reflexión por parte de toda la sociedad, sino también para la renovación de los esfuerzos por parte de todas las instituciones políticas y sociales, para luchar contra esta vulneración de los derechos humanos a nivel global.

En el año 2014, España ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), que supone el primer mecanismo vinculante en Europa para «Proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica»; y que, por tanto, dicho Convenio es de obligado cumplimiento.

El artículo 15 de nuestra Constitución reconoce el derecho a la vida ya la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, nadie pueda ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Por su parte el artículo 9.2 establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

La violencia contra las mujeres es estructural e histórica. Se encuentra presente en todos los países y culturas, independiente del nivel educativo y la posición social. En el presente decenio asistimos a una ofensiva visible a escala mundial y europea contra la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

La violencia contra las mujeres constituye la vulneración más extendida de los derechos humanos en el mundo y su origen radica en la discriminación que sufren las mujeres respecto de los hombres. La violencia machista no tiene cabida en la sociedad que aspiramos a ser, ni en la democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación. Las mujeres tienen derecho a vivir en libertad y a que sus vidas no estén en peligro por el mero hecho de ser mujeres.

Para eso necesitamos el compromiso individual de la ciudadanía, hombres y mujeres, y el compromiso colectivo de la sociedad todos los días del año. La colaboración de los hombres desempeña un papel importante en el fomento de la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres.

La violencia machista nos interpela a todos y todas y es nuestra obligación combatirla con todos los medios disponibles, empezando por las administraciones, cada una en el ámbito de sus competencias.

La violencia machista es la primera causa de muerte prematura entre las mujeres, el machismo mata y tiene que ser una cuestión política de primer orden. Según la última macroencuesta sobre violencia de género realizada en 2015 por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género alguna vez en su vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5 millones de mujeres en España, el 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el último año y el 64% de los hijos e hijas de las víctimas presenciaron los episodios de violencia.

Más de mil (1024) mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas desde el año 2003, fecha que marca el inicio de la recopilación de datos oficiales. En lo que llevamos de 2019, han sido asesinadas 49 mujeres y 2 menores, y aún hay más asesinatos de mujeres en investigación.

En nuestro país los últimos años se han producido avances legislativos muy significativos en materia de lucha contra la violencia sobre la mujer. Disponemos de un marco legislativo a través de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres de la Comunidad Foral de Navarra, y contamos desde el año 2017 con un Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, aprobado por el Congreso de los Diputados.

Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia hacia las mujeres, que garantice una respuesta rápida y efectiva a las mujeres que sufren violencia, así como a sus hijos e hijas, generando los mecanismos necesarios para conseguirlo.

Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia machista, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y a quienes les dan cobertura política. Además, hay que exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Por todo ello, desde el Ayuntamiento de VIANA:

1. Manifestamos nuestra repulsa a todas las formas de violencia hacia las mujeres, nuestro compromiso con las víctimas y declarar a este municipio «Tolerancia cero con los maltratadores’ ;
2. Expresamos el rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la negación de la existencia de la violencia de género o rechace la validez de las políticas públicas enfocadas a su total erradicación;
3. Respaldamos a las organizaciones y grupos de mujeres y los defensores de los derechos de la mujer que han actuado como catalizadores y líderes de los avances legislativos y políticos en la última década en lo que respecta a la evolución y la práctica de los derechos de las mujeres;
4. Seguimos poniendo en valor desde este ayuntamiento las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género en el marco de sus competencias, así como su seguimiento, con el objetivo de combatir la violencia contra las mujeres;
5. En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, desde este ayuntamiento nos comprometemos a impulsar la aplicación de la Ley, así como las estrategias y planes a nivel autonómicos vigentes, en coordinación con todos los poderes públicos.